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jueves, 23 de octubre de 2014
 
 
MANEJO DE AGUA DULCE EN LOS TERRITORIOS DE LA CARRETERA AUSTRAL
Con la reciente instalación de dos pisciculturas en los principales ríos de las localidades de Lenca, sumado al desconocimiento por parte de sus habitantes sobre el uso y manejo de aguas que rige en Chile, las opiniones de los vecinos y vecinas de los territorios entregan sus observaciones y aprensiones sobre el tema de aguas que entregamos a la opinión pública local y comunal.

Puerto Montt, 13 de junio de 2011. ONG Vínculos. La elaboración del “Plan de Gestión Ambiental y Comunitaria entre Piedra Azul y Caleta La Arena” deja en evidencia ciertas carencias y necesidades de los habitantes del primer tramo de la Carretera Austral, sectores rurales de la comuna de Puerto Montt. Alguna de estas necesidades no son precisamente peculiares o características de la zona sino que representan necesidades que ha tenido el ser humano, desde los primeros asentamientos a lo largo de su historia, es el manejo de agua dulce. Según información disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional, un documento sobre el tema de Agua Dulce, señala que ésta corresponde a “ríos, lagos, humedales y arroyos que son las principales fuentes de agua dulce. La población a través del tiempo se ha establecido cerca de éstos debido a su gran importancia vital. Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el ser humano hoy en día es la idea de la escasez de agua, y que algún día este recurso se acabe, puesto que los suministros de agua son limitados, y la contaminación es una amenaza constante”. A lo anterior se suma que la privatización del uso de aguas en Chile, desconoce el derecho consuetudinario de las comunidades locales sobre sus recursos, como, el de las propios habitantes, quedando sujetos a la concentración de dichos recursos en manos de empresas privadas y a la especulación financiera.





Curso de agua dulce en la localidad de Chaicas del Primer tramo de la Carretera Austral

Del mismo modo, se dice que un país experimenta tensión hídrica cuando el suministro anual de agua desciende a menos de 1.700 metros cúbicos por persona. Las principales dificultades que se enfrente en relación al agua dulce son: progresivo deterioro de la calidad; el 69% del agua que se utiliza en la actualidad en el mundo está destinada a la agricultura; el 23% lo utiliza la industria y el 8% restante va hacia el uso doméstico. El documento señala que en Chile, según la Dirección General de Aguas, la disponibilidad de agua desde el Norte del país hasta la Región Metropolitana es de menos de 1.000 m3 por habitante al año, lo que se considera bajo, de acuerdo a estándares internacionales. Desde la VI a la IX Región la disponibilidad crece a entre 6.000 y 30.000 m3, lo que se considera holgado, y desde la X Región al sur la provisión es de más de 100.000 m3. En este contexto, las opiniones vertidas en torno a la disponibilidad y gestión del agua dulce del territorio se agrupan en 4 segmentos temáticos.

En primer lugar, un entrevistado señala que “las personas han construido muy cerca de los cursos de agua, botando sus desechos en ellos” y que para proveerse “el agua llega por mangueras desde vertientes – por decantación” pero también se constata que “los ríos traen menos caudal”, del mismo modo que “hay varias microcuencas, por ej. Río Chaica, el río Lenca, lago Chapo, Río Chamiza, el riachuelo Cunco están desapareciendo, el Ralimó ya desapareció”. Es así que se aprecia una gran preocupación respecto al manejo de los cursos naturales de agua (ríos, esteros, vertientes) por parte de las comunidades y de los propios vecinos y vecinas. Aunque no se precisan las razones de esta paulatina merma, las opiniones asocian la menor disponibilidad con factores desencadenantes de orden climático y estacional, llegando a mencionarse la desaparición de algunos cursos de ríos.

Por otro lado, otras opiniones referidas al sistema de Agua Potable Rural, afirman que “el servicio es deficiente” y que “la calidad del agua es baja, mucha turbiedad”, como también que “hay problemas con la llegada del agua potable a los sectores altos del territorio” sin embargo, se puntualiza que “la gente que no tiene agua potable es un tema comunitario y sanitario” como que también existe “falta de fiscalización sanitaria” por parte de las autoridades competentes. Las opiniones que se relacionan con el servicio de agua potable establecen que, cada localidad tiene su propio comité de Agua Potable Rural (APR), aunque algunas localidades aún no logran su implementación completa.

Del tal forma, nos encontramos con que “la alternativa al agua potable son los pozos” ante la “disminución paulatina del agua dulce disponible” lo que se atribuye en algunas opiniones a “la tala indiscriminada de bosque, que produce escasez de agua”, para finalizar planteando una preocupación y grave dificultad, ya que “en esta zona no tenemos alcantarillados. Solamente se usa el sistema de pozos negros y en mínimos casos existen sistema de alcantarillado hecho por los propios habitantes”. Una línea de reflexión está relacionada con la disponibilidad de agua dulce, la cual presenta una realidad disímil, según la localidad en la que se efectúan las entrevistas. Mientras para algunas localidades el agua es un recurso existente en abundancia, hay otros sectores en los cuales la estacionalidad juega en contra del abastecimiento regular. Se menciona la relación “tala de bosques/escasez de agua” como una razón desencadenante.

Por último, respecto del uso de aguas dulces, algunos de los entrevistados señalan que “las pesqueras solicitaron los derechos de aguas hace tiempo, por eso hemos tenido problemas con nuestro abastecimiento para las casas” o también que “el tema de los derechos de agua tiene que estar supeditado a la necesidad de las personas; nadie puede hacerse dueño del agua”. Los entrevistados manejan información fragmentada e incompleta acerca de estos derechos de agua adquiridos o en trámite por parte de empresas o personas naturales externos a las localidades. Esta sería la razón de las dificultades para obtener abastecimientos para las casas, en relación a que los comités de agua potable no tendrían la capacidad para alcanzar a cubrir la demanda existente.

La relación entre el manejo de residuos y calidad de las aguas para consumo humano que se utilizan en la zona se manifiesta en opiniones como la siguiente “niños de colegio Piedra Azul se enferman del estómago al beber el agua de la escuela. Profesores deben traer agua de Puerto Montt”, lo que evidencia  una potencial problemática sanitaria para las localidades.

Además de todo lo anterior, “existe sequía durante los veranos, lo cual dificulta el riego de huertas, invernaderos y cuidado de animales, como también, para el consumo humano y domiciliario”, a lo manifestado se suman las decrecientes precipitaciones que se vienen produciendo año a año en el último tiempo, sin que los habitantes cuenten con sistemas de aseguramiento de aguas para el uso de sus actividades.

Finalmente se señala, como preocupación, que las “solicitudes de agua resultan imposibles de aprovechar a consecuencia de contaminación global del agua de los ríos” por la falta de educación en un uso responsable de las mismas por los habitantes de orillas de ríos y cauces. Del mismo modo se señala que “los derechos de acceso al agua son mejores para las empresas”, en el sentido a que la posibilidad de declarar, a los procedimientos y costos que ello implica, son más accesibles a éstas que a otras entidades o a los propios habitantes, dejándolos inermes ante el poder del dinero y gestión que ellas poseen.

PLAN DE ACCIÓN

La información recogida para la elaboración del documento, da cuenta de una ciudadanía que ha recopilado experiencias y evidencias que les permiten afirmar vehementemente  la mala calidad de las aguas que se encuentran a disposición del consumo humano en la ruralidad de la Carretera Austral; esto se atribuye a una multiplicidad de factores, donde las sospechas apuntan a la existencia de diferentes fábricas o actividades de procesos que arrojan sus residuos en la cercanía de los espacios desde donde se captan las aguas para ser redistribuidas a los diferentes hogares. Al mismo tiempo, no se descarta que conjuntos habitacionales de la zona pudiesen estar arrojando sus desechos domiciliarios en los ríos, lo cual igualmente favorecería el deterioro en la salud de las personas.

Así, los propuestas vecinales apuntan a la necesidad de “hacer un análisis del agua que consumimos, por que yo cada vez que tomo agua de la llave tengo una sonajera de estómago”. Tal análisis, se considera, debiese apuntar a dos ejes fundamentales. Primero detectar el estado en el que se encuentran las aguas que se han destinado al consumo humano, y segundo, detectar las causas de ello en miras a la toma de medidas de protección a la ciudadanía.  Mientras esto es resuelto por las autoridades pertinentes, los vecinos consideran que será responsabilidad de ellos comenzar a investigar y hacer ver su opinión y conocimiento en torno al uso de las aguas y su fiscalización, ya que los organismos a cargo no ejecutan planes ni reparticiones de agua desde la pertinencia contextual del estado de ellas, disponibilidad de uso para el desempeño industrial y repartición equitativa entre vecinos.

Frente a ello, tener claridad respecto a los derechos y responsabilidades individuales sobre las aguas se convierte en un recurso ciudadano de índole legal, ante lo cual una “Solicitud de charla informativa sobre los derechos de agua a la Dirección General de Aguas (DGA)” surge como una propuesta ciudadana acorde a las circunstancias. Del mismo modo, se señala la necesidad de identificar y catastrar los cursos de aguas existentes y estudiar la factibilidad de declaración de aguas por parte de organizaciones locales.

CONCLUSIONES

Las opiniones de los participantes son diversas, desde que se ha construido casas habitación cerca de los cursos de agua, donde se botan desechos, la canalización mediante mangueras para el abastecimiento domiciliario o bien, la mala calidad del agua potable rural con servicios deficientes, que no alcanza por presión a muchos que están conectados, lo que se constituye en un problema sanitario para las familias afectadas. Existe falta de fiscalización sobre el funcionamiento, procedimientos, organización y uso de recursos recaudados en el marco de los comités de APR.

Por otro lado, se denuncia la desaparición de cauces de agua como Ralimo y algo similar que estaría sucediendo con el estero Cunco, en Piedra Azul y Chamiza respectivamente.

Un tema relevante para los participantes, es la falta de conocimiento e información existente sobre declaración de derechos de aguas en las localidades, afectando a los habitantes, sus familias y actividades productivas, ya que en muchos sectores se abastecen utilizando las aguas de esteros y ríos, donde las empresas con total desconocimiento de los habitantes declaran aguas sin que exista claridad de sus usos y destinos.


 
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